La Fundación Periodismo (Funper) advirtió este lunes acerca de los riesgos que para la ciudadanía y el propio sistema democrático que vive República Dominicana, representa la Ley 1-24.
Afirma que es peligroso dejar en manos de una entidad controlada por el Poder Ejecutivo, en un país de instituciones débiles y donde todo se politiza, el derecho de decidir y actuar contra quienes se considere estarían conspirando contra la llamada seguridad nacional.
“La ley 1-24 es atentatoria al ejercicio de los derechos civiles y políticos que garantiza la propia democracia, por lo que en su esencia representa el riesgo de que volvamos a trillar caminos que este pais superó a base de sangre, dolor y luto”, sostiene la Funper.
Indica que es deber de todos los dominicanos enfrentar y evitar a toda costa cualquier intento favorable al resurgimiento de prácticas dictatoriales, que se justifiquen en una supuesta defensa de la seguridad nacional.
“Esa ley no es solo un adefesio jurídico en tanto se contrapone con derechos reservados por la Constitución Dominicana, las leyes adjetivas, convenciones y convenios internacionales, que consagran la libertad de expresión y difusión del pensamiento, sino que es un atentado a la democracia misma”, señala.
Agrega que “es una legislación que transgrede derechos esenciales e incursiona en áreas como la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho de intimidad, prerrogativas a las que la sociedad nunca debe renunciar”.
La Funper recuerda que en el caso de los periodistas nadie puede obligarles a entregar datos e informaciones relativas a sus fuentes, “porque así lo prohíbe el artículo 49 de la Constitución vigente”.
“Es innegable que el Estado tiene la obligación de preservar la seguridad nacional, pero esta ley mordaza rebasa esos propósitos por lo que consideramos se impone su anulación pura y simple”, afirma.
La entidad define como contradictorio que en el Articulo 8 se estipule, entre los fines de la ley, “prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República…”, mientras la propia legislación viola la Carta Magna.
Además de considerar absurdo lo planteado en el artículo 27 de la ley, la Funper se pregunta cómo previamente conocerán los periodistas y medios de comunicación que una información está sometida “a secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia”.
“La amenaza de sanción prevista en el artículo 26 en un atentado a la vida en democracia y lo que es peor, impone la autocensura a los periodistas, además de que convierte al ciudadano en peligrosos chivatos”, señala.
La Funper abogó por que el Colegio Dominicano de Periodistas y demás organizaciones que agrupan a otros sectores de la comunicación, “hagamos una fuerte oposición a esa afrenta que atenta contra nuestros derechos y los de la ciudadanía en sentido general”.
Santiago, 22 de enero 2024.
