Por Asiaraf Serulle
“El respeto nos guía, el trabajo en equipo nos impulsa, el liderazgo nos define.”
Las ayudas sociales no son, por sí mismas, algo negativo. En contextos de pobreza extrema, inflación o crisis económica, el auxilio del Estado puede evitar que miles de familias caigan en situaciones aún más precarias. Negarlo sería insensible. Sin embargo, el verdadero debate no está en si las ayudas son necesarias, sino en qué logran realmente y a quién benefician a largo plazo.
La realidad es incómoda: las ayudas sociales, tal como se aplican hoy, no han reducido la pobreza de manera sostenida. En muchos casos, han convertido la pobreza en una condición permanente, administrada desde el poder. Se alivia la necesidad inmediata, pero no se construye independencia económica. Se entrega un beneficio, pero no se crean las condiciones para que la persona deje de necesitarlo.
Cuando una política social no incluye una salida clara hacia el empleo, la productividad y la autonomía, deja de ser una herramienta de desarrollo y se transforma en un mecanismo de dependencia. En ese punto, la ayuda pierde su esencia social y adquiere un valor político: mantener sectores vulnerables bajo un esquema de asistencia constante, útil en términos electorales, pero ineficaz para erradicar la pobreza extrema.
También es necesario revisar cómo se focalizan las ayudas. En muchos casos, estas se otorgan de forma permanente a personas en edad productiva y con capacidad de trabajo, sin una política clara de inserción laboral o formación técnica. Esto reduce el impacto real del gasto social y limita los recursos disponibles para quienes, por edad avanzada, enfermedad o alta vulnerabilidad, sí requieren un apoyo continuo del Estado.
Una política social responsable debe diferenciar realidades. Las ayudas permanentes deben priorizar a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos con discapacidades severas. Al mismo tiempo, quienes tienen capacidad laboral, incluidas personas con discapacidad que pueden integrarse al mercado según sus condiciones, deben contar con programas efectivos de capacitación, empleo y acompañamiento, apoyándose en instituciones como el INFOTEP y en alianzas reales con el sector privado. La ayuda, así, deja de ser un fin y se convierte en un puente hacia la autonomía.
En este escenario, es imprescindible reflexionar sobre el rol de la representación legislativa en las provincias. La función de un legislador no debe limitarse a gestionar ayudas puntuales o participar en actos asistenciales; su responsabilidad es supervisar, fiscalizar y promover políticas sociales eficientes, que transformen la asistencia en oportunidades reales. Cuando la política social se reduce a la entrega sin seguimiento ni evaluación, se desperdician recursos públicos y se pierde la posibilidad de un impacto estructural.
La verdadera política social no es la que reparte recursos sin control, sino la que genera empleos formales, estables y dignos, en colaboración con el sector privado. El Estado no crea riqueza por sí solo; crea condiciones: formación técnica, seguridad jurídica, infraestructura y acompañamiento para que el empleo sustituya progresivamente la ayuda.
Ayudar es una responsabilidad del Estado; perpetuar la dependencia no lo es. Una provincia como Santiago, con capacidad productiva, talento humano y vocación emprendedora, no puede conformarse con un modelo de gasto social sin resultados estructurales. La verdadera política social no se mide por la cantidad de ayudas entregadas, sino por cuántos ciudadanos dejan de necesitarlas. Ese debe ser el compromiso: menos pobreza administrada y más santiagueros con oportunidades reales, trabajo digno y un futuro construido desde el esfuerzo propio.
