Por: Asiaraf Serulle
“El respeto nos guía, el trabajo en equipo nos impulsa, el liderazgo nos define.”
Hay corrupciones que no solo roban dinero, sino que roban derechos. Cuando los recursos destinados a la salud pública son desviados, el daño no es abstracto ni lejano: se traduce en esperas interminables, tratamientos retrasados y vidas puestas en riesgo. En esos casos, la corrupción deja de ser un delito administrativo y se convierte en una agresión social.
Conviene recordar una verdad básica: el dinero que maneja el Estado no es del Gobierno. Es de cada ciudadano que paga impuestos con la expectativa de recibir servicios esenciales. Es el aporte del trabajador, del comerciante, del profesional y del pequeño empresario. Ese dinero tiene un destino claro: proteger la vida y la dignidad de la población. Cuando se desvía, se rompe un pacto fundamental entre el Estado y la sociedad.
Lo más grave es que estos hechos no suelen ser obra de la necesidad, sino de la ambición. Personas con alto poder económico, que no dependen del sistema público de salud, deciden apropiarse de fondos que jamás necesitarán para sí. Aun así, toman más, sin medir consecuencias, sabiendo que cada peso sustraído reduce las posibilidades de atención de quienes no tienen otra opción.
La ambición desmedida no distingue entre números y personas. No ve pacientes, ve cifras. No ve derechos, ve oportunidades de enriquecimiento. Pero detrás de cada cifra hay seres humanos reales: envejecientes, niños, madres, ciudadanos comunes cuya única red de protección es la salud pública. A ellos no se les robó solo dinero; se les robó tranquilidad y seguridad.
Estos hechos hoy son conocidos por la justicia, como debe ocurrir en una democracia. Sin embargo, el proceso debe reflejar la dimensión real del daño causado. No puede haber privilegios ni medidas suaves cuando se ha jugado con la vida de miles. La ley debe aplicarse con todo su peso, no por revancha, sino por justicia y por respeto al sacrificio de quienes sostienen el sistema con sus impuestos.
Este no es solo un problema legal, sino social. La corrupción en áreas sensibles prospera cuando la sociedad se acostumbra, cuando el abuso se normaliza y el ciudadano se resigna. Ese conformismo es parte del problema. Un pueblo que calla frente a estos hechos termina aceptando que su bienestar sea moneda de cambio.
El cambio real comienza con conciencia. Entender que lo público es nuestro, que los impuestos no son dinero ajeno y que exigir transparencia no es un acto político, sino ciudadano. Comienza cuando dejamos de admirar la riqueza sin ética y empezamos a exigir responsabilidad a quienes administran recursos colectivos.
Defender la salud pública es defender la vida. Y una sociedad que decide no callar da un paso firme hacia un país más justo, donde el poder y el dinero estén al servicio de la gente, y no a costa de ella.
