Por Hipólito Martínez
62 años se cumplen exactamente este jueves 25 de septiembre, del fatídico y memorable golpe militar al gobierno democrático- institucional del primer presidente electo con votos ciudadanos, tras el derrocamiento del régimen trujillista .
La complicidad de los actores políticos remanentes de los privilegios de la dictadura, apadrinados por el imperialismo norteamericano y la bendición de los confundidos con el llamado peligro comunista, frustraron los anhelos de libertad, justicia y desarrollo económico integral, que siempre promovió el profesor Juan Bosch para el pueblo Dominicano.
Aquella acción septembrina no solo interrumpió el naciente orden constitucional, sino que retardó la entrada en vigencia de todos los aspectos democráticos esenciales en la vida de un pueblo libre y de paso, dejó como secuela política, actitudes irreverentes contra el sistema democrático, las cuales evidenciaron un alejamiento del ejemplo cívico del prócer vegano.
Seis décadas y pico después del desconocimiento afrentoso de la voluntad popular, la sociedad Dominicana sigue a la espera de la consolidación plena de la democracia en todos los estamentos de las estructuras sociales y políticas de nuestra nación.
Las ideas democráticas y políticas promovidas por el líder más auténtico del siglo XX , no han perdido vigencia a pesar de los años y a propósito del nuevo aniversario del golpe lamentable, es bueno resumir algunos aspectos pendientes de la visión boschista sobre la democracia, el sistema electoral, los partidos, el liderazgo y las instituciones políticas.
Se aguarda por un sistema electoral verdaderamente transparente, libre y justo que proclame los resultados de la voluntad popular, ejercida sin cortapisas, certificada por el testimonio auténtico de los diversos actores del sistema.
Se espera por una ciudadanía más proactiva que cumpla sus deberes y ejerza sus derechos en todos los espacios democráticos, promoviendo en cada paso, los valores principales de la convivencia civilizada en una sociedad en la que esté garantizada la aplicación de las leyes.
Se apuesta por un liderazgo político auténtico, validado en las consultas periódicas de sus bases y empoderado de los reclamos e intereses de las mayorías, con capacidad de escuchar y canalizar las diversas inquietudes de los representados.
Se buscan autoridades dignas de sus funciones, que llenen con eficacia las atribuciones conferidas, capaces de rendir cuentas sin molestias de ningún tipo y comprometidas solamente con los preceptos sustantivos y normativos que le atañen.
Se quieren instituciones públicas y entidades privadas que brinden servicios y cumplan procesos sin favoritismo ni tráfico de influencias, a todos los involucrados, haciendo valer el principio de la igualdad de todos ante la ley, sirviendo a cada miembro del estado dentro del marco de las competencias asignadas.
Se aspira a un tipo de gobierno legítimo que armonice con los intereses del soberano, que proteja su bienestar, procure su crecimiento integral y atienda las diversas necesidades del pueblo, priorizando la de los sectores más vulnerables.
